Es recurrente encontrar en los testimonios de mujeres agredidas por miembros activos o retirados de la Fuerza Pública el comportamiento de “espíritu de cuerpo” (un código militar que significa lealtad ante las órdenes y obediencia a los superiores) por parte de la Policía como agente inmediato que debe actuar ante una agresión.
Cuando ellas se han comunicado a la línea de emergencia 123 Mujer (Línea de atención de Bogotá para atender violencias ejercidas contra mujeres) para reportar el hecho de violencia, llega la Policía y “casi que se sientan a tomar tinto con ellos, a uno lo ignoran por completo sea lo que haya pasado” afirma Leandra, víctima de violencia por parte de su ex esposo, sargento activo del Ejército.
“En un caso la mujer fue y denunció ante la Fiscalía y en menos de dos horas él ya sabía que ella lo había denunciado, sin aún tener fiscal asignado (…) Me sorprendía como circulaba de rápido la información entre ellos, normalmente la institucionalidad no funciona tan bien cuando hay que hacer garantía de derechos, siempre en alguna parte se quiebra la comunicación. Pero cuando se trata de casos donde policías o militares son los agresores, hacen una solidaridad de cuerpo para encubrir la violencia” señala Natalia Álvarez abogada y subdirectora de la Colectiva Justicia Mujer.
Dada la experiencia de Natalia acompañando casos donde los victimarios son agentes de las Fuerza Pública, se deduce que la “solidaridad de cuerpo” se ejerce por preservar el buen nombre de la institución y porque hay una estructura “profundamente patriarcal que considera a las mujeres como un accesorio y propiedad de los hombres, donde la dignidad de una mujer no es suficiente para que el hombre coloque en riesgo su carrera profesional”.
En 2018 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Juzgado 63, condenó a la Policía por no proceder a la judicialización del victimario de Yury Sosa tras realizar una visita domiciliaria donde existían evidencias de agresiones físicas por parte de su esposo, subintendente de la Policía, que horas después de la visita la asesinó.
El Consejo de Estado en 2015 emitió una sentencia en la que declaró responsable a la Policía Nacional por omitir en la oficina de asuntos disciplinarios de la Policía la responsabilidad de este Subintendente por el feminicidio de su esposa, a quien le disparó con su arma de dotación en el cuello y reportó el hecho como un suicidio.
La sentencia de 2015 ordenó además a la Policía construir los lineamientos de política pública de integridad familiar al interior de la Policía y hacer visible esta sentencia en la web de la institución, aunque la sentencia se encuentra publicada, no es visible para cualquier ciudadano en la página web principal de la Policía.
Estos casos son una evidencia de cómo entre agentes de distintas fuerzas bajo el código de “espíritu de cuerpo” han generado impunidad y riesgo en la vida de las mujeres, donde se da prevalencia al rango militar que a la protección de las víctimas. “Es una forma de violencia institucional porque es mirar con el doble de sospecha a una mujer que está poniendo en riesgo el buen nombre de una institución con la que están muy identificados como seres humanos” asegura Natalia.
La débil política de género en las fuerzas militares
A partir de noviembre de 2016 el Comando General de las Fuerzas Militares mediante la directiva permanente N°01020/2016 implementó los lineamientos sobre equidad de género, enfoque diferencial y prevención de violencias basadas en género.
Respecto a las políticas de género al interior de la institución castrense y los procesos disciplinarios para agentes de la Fuerza Pública, cuando se evidencian violencias ejercidas contra alguna mujer, “la política de género y el Código Disciplinario Militar son vinculantes al cumplimiento de la Constitución y los distintos tratados internacionales en la protección de los derechos humanos y de las mujeres” afirma el Mayor Luis Vásquez, director de la Dirección de Investigaciones del Ejército.
En varias de las unidades militares y de Policía, la implementación de la política de género se encuentra adscrita a la oficina de derechos humanos de cada unidad. “El seguimiento de aquellos casos de violencia de se realizarán según los que sean de interés del mando” explica el Mayor Velásquez.
“Entre los mismos militares se tapan, un coronel le tapa a un suboficial, que hizo tal cosa… que le pegó a la esposa. Ellos tratan de manejar eso muy internamente, por eso tienen los dispensarios, médicos militares, el hospital militar o en últimas se inventaron una cosa que dizque: Comisaría de Familia Militar, para que uno no vaya a una comisaría normal, ¡que realmente es un tapadero! Allá lo mandaban a uno dos o tres terapias de pareja ¡vayan a ver si el esposo iba! O la solución era asistir a una salida o encuentro familiar” Relata Leandra.
“Cuando se genera violencia intrafamiliar en flagrancia, la Policía tiene que proceder y capturar con base a tres factores: pueden visibilizar que se está presentando la situación de violencia, encuentran los instrumentos que fueron utilizados para ejercer la violencia o porque hay un testigo que da cuenta que la violencia acabó de ocurrir. Así podrían capturar al agresor, pero las mujeres además de ser víctimas son testigos de lo que ocurre” asegura Natalia, y añade que este mismo procedimiento debe ser aplicado para judicializar también si el agresor es un agente de la Fuerza Pública.
Armas de miedo, amenazas y feminicidios
Leandra y Daniela cuentan como más de una vez en una discusión de pareja, sus esposos utilizaron el arma de dotación para amenazarlas “yo soy la ley y a mí la ley no me cae”, le repetía varias veces el ex esposo a Leandra cuando la golpeaba. “(…) Todo está mediado por el arma ¿cómo te le metes a un tipo que está armado? si él es el que tiene el arma, ¿cómo le dices que no?” señala María sobre las múltiples situaciones de violencia intrafamiliar que percibió viviendo en diferentes lugares del país en casas fiscales.
Yury también reportó ante la Comisaría Novena de Familia “me está amenazando con asesinarme y tiene dos armas de propiedad de él”.
A Gloria la mató su esposo con un revólver marca Smith & Wesson calibre 38L, que debía haber sido entregado por su victimario antes de salir a casa, arma que además colocó en una de las manos de la mujer para hacer parecer un suicidio.
De 2016 a 2018 fueron suspendidas o canceladas 18 licencias de tenencia de armas. El Sistema de Información de Armas Municiones y Explosivos (SIAEM) “dada su configuración de sistema no registra el motivo de la suspensión” explica el Coronel Miller Nossa, Jefe del Departamento de Control y Comercio de Armas del Comando General de las Fuerzas Militares.